martes, 7 de julio de 2015

La dictadura de Sila

La reacción de Sila, ante el decreto popular que lo relevaba de su mando en Oriente -ver artículo anterior Livio Druso, Sulpicio Rufo y la cuestión de los aliados itálicos-, constituye, sin duda alguna, uno de los hitos fundamentales en la historia de la República romana. Gracias a las reformas de Mario, que había iniciado la profesionalización del ejército romano y dado lugar a las relaciones de clientela entre el general y sus soldados -ver artículo anterior Cayo Mario y los "populares"-, pudo Sila persuadir a sus cinco legiones, aproximadamente unos treinta mil hombres, de que marcharan contra Roma y contra el propio Mario, que entonces no poseía ninguna legión a su mando. Y así la ciudad fue ocupada por el ejército de Sila.
Era la primera vez que un ciudadano de Roma marchaba contra su propia ciudad, y, sin embargo, no sería el último. Con su acción, Sila no solamente transformó definitivamente al ejército en un factor político, en un instrumento de enorme importancia en el desarrollo posterior de los acontecimientos, sino que, además, convirtió en mera farsa legal a la constitución que él mismo, más tarde, intentaría en balde fortalecer y proteger, porque, a partir de este momento, la ley del más fuerte sería el factor decisivo de la vida del Estado romano: ya no se hablará tanto de las factiones de los optimates y los populares, como de partidarios de Sila, de Mario, de Pompeyo, de César...
De momento, Sila era el dueño absoluto de Roma, aunque solamente tuvo tiempo de imponerse con leves medidas de urgencia, por que la situación en Oriente empeoraba por momentos, exigiendo un inmediato traslado de sus legiones a Asia. Entre dichas medidas destacan que lograra que el Senado aboliera las propuestas legislativas de Sulpicio Rufo, que el tribuno, junto a Mario, y algunos de sus más destacados partidarios fueran declarados como enemigos públicos, y que la capacidad legislativa de la comitia tributa fuera transmitida a la comitia centuriata, que la oligarquía podía manipular con más facilidad. Todas sus medidas, por tanto, se dirigían a devolver su autoridad al Senado de Roma; y justo por ello, porque era un optimate, y con sus decisiones se había erigido en defensor del orden tradicional, no pudo manipular las elecciones, e impedir que, para el año 87 a.C. fuera elegido como cónsul, junto al optimate Cayo Octavio, Lucio Cornelio Cinna, un popular con claras simpatías por Mario. Sila sólo pudo exigirles a ambos que juraran respetar las leyes, y partió hacia Asia.
Pero Cinna no respetó ese juramento, y todo volvió a la situación anterior al golpe de Estado cuando el nuevo cónsul resucitó las propuestas de Sulpicio Rufo exigiendo, además, la concesión de una amnistía para los exiliados. Octavio, apoyado por la mayoría del Senado, le expulsó de Roma, y le desposeyó de su magistratura. La respuesta del ex cónsul no se hizo esperar: Cinna utilizó los mismos métodos que Sila, y, por segunda vez en menos de un año, Roma fue ocupada por sus propias legiones. Para entonces, las fuerzas de Cinna habían crecido con el apoyo de algunas comunidades itálicas -cuyas reivindicaciones había apoyado al intentar resucitar la legislación de Sulpicio Rufo- y por los exiliados de Sila, entre ellos Mario, hasta ese momento exiliado en África, quién llegaría a reclutar una legión de esclavos en Etruria. La entrada de Cinna y Mario en Roma, a finales del 87, estuvo acompañada por la matanza de quienes se les habían opuesto. Ambos se hicieron elegir cónsules para el año 86, pero la muerte repentina del general dejó a Lucio Cornelio Cinna como dueño absoluto de la situación.
Durante tres años (del 86 al 84), Cinna se hizo elegir, ininterrumpidamente, como cónsul, y en estos tres años intentó fortalecer su posición, tomando medidas que contentaran a los distintos grupos que le habían apoyado y preparándose para el regreso de Sila de Asia. Éste, tras varias victorias, con las que logró reconquistar los territorios conquistados por Mitrídates y reducirle, de nuevo, a su reino del Ponto, le obligó a firmar una apresurada paz en Dárdanos, pues “Sila, preocupado por sus enemigos en Italia deseaba regresar pronto a casa”1, es decir: sacrificó la seguridad exterior de la República a sus intereses personales. Sin embargo, no se marchó de inmediato: antes de ello, sometió a Asia -provincia romana que había apoyado a Mitrídates VI- a enormes impuestos, y dejó que sus soldados la saquearan; así, Sila logró los recursos necesarios para financiar una nueva guerra y garantizarse la fidelidad de su ejército, con el que, en el 83 a.C., se dispuso a invadir Italia.
Sila, además, preparó su retorno con una inteligente campaña de propaganda, con la que se atrajo a un buen sector del Senado. Algunos senadores, incluso, reunieron tropas adictas entre su clientela, y las pusieron a su servicio; tal fue el caso de dos futuros triunviros, Cneo Pompeyo, hijo de Estrabón, y Marco Licinio Craso. Cinna y su colega en el consulado de aquel año, Papirio Carbón, se hallaron por tanto con grandes dificultades para defender Italia. Sila no sólo contaba con un gran ejército, si no que, además, las propias tropas de Cinna se amotinaron, asesinándole, y las que permanecieron leales a Papirio, y a los cónsules que le sucedieron, fueron incapaces de detener el avance de Sila, tras que desembarcara en Brindisi en el 83. Un año después, Sila era, de nuevo, el dueño del Estado.
Para legalizar su posición, sin precedentes en la historia de la República romana, y para dar a Roma un gobierno legal tras la muerte de los dos cónsules, Sila obligó al Senado a elegirle como dictador, una magistratura de carácter extraordinario que había caído completamente en desuso ciento veinte años antes, tras finalizar la Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.). Pero la dictadura de Sila supuso un cambio en la estructura del cargo, pues suprimió la tradicional limitación temporal a seis meses y redefinió sus competencias: utilizada antes para superar las crisis militares, se destinó, ahora, para la promulgación de leyes y la reorganización del Estado. Y eso fue lo que hizo Sila.
Todas sus medidas estuvieron orientadas, como optimate que era, a aumentar y a fortalecer el poder del Senado, que durante los conflictos civiles había quedado reducido a la mitad de sus miembros, y había sufrido una pérdida progresiva de autoridad. Por ello, Sila empezó por elevar el número de los senadores a seiscientos, duplicando su número tradicional; después, devolvió al Senado el control exclusivo de los tribunales, como paso previo para una reorganización del aparato judicial, que dio lugar al primer derecho penal de la historia de Roma. En cuanto a las magistraturas Sila estableció el orden en que debían conseguirse los cargos, la edad mínima y el período de tiempo que debía pasar antes de que, finalizado uno de los cargos, se pudiera optar al siguiente. Debido al incremento de las competencias del Senado, se elevó a ocho el número de pretores y a veinte la cantidad de cuestores. El tribunado de la plebe, que tanto había amenazado anteriormente a la oligarquía, fue sometido a una drástica reducción de sus poderes: volvió a necesitarse la autorización senatorial para aprobarse toda propuesta de ley tribunicia, pero, sobre todo, ejercer el tribunado impedía optar a cualquier otra magistratura. En las provincias, intentó proteger al Senado de la formación de poderes personales y de la amenaza de ejércitos personales; para ello, estableció que los dos cónsules y los ocho pretores cumplirían su cargo anual en Roma y que sólo después, como procónsules o propretores, dirigirían el gobierno de una provincia; así mismo, restringió la capacidad de maniobra de estos gobernadores de provincias, prohibiéndoles la entrada en Italia (cuya frontera señalaba el Rubicón) con sus tropas y traspasar el límite de su provincia sin autorización del Senado.
Pero, si por algo se conoce a Sila no es tanto por su gran reforma legislativa, como por ser inventor de la proscripción. En principio, el término solamente significaba que algo, en este caso una lista de nombres, era copiado y expuesto en público; pero con Sila, aquellas proscripciones se convirtieron en listas de enemigos de su régimen: cualquiera que apareciera en ellas podía ser asesinado con total impunidad; quedaba fijado un precio por su cabeza, ellos y sus descendientes perdían la ciudadanía romana y sus propiedades eran confiscadas para ser subastadas a bajo precio, proporcionando unos grandes beneficios a los partidarios del dictador;“hasta que Sila no hubo logrado que sus partidarios rebosasen riqueza, no se puso fin a la masacre”2.
“Sin embargo, su obra constitucional no pudo eliminar las causas profundas de la crisis política y la crisis social que estaba destruyendo la República. Y, de esas crisis, Sila era precisamente uno de los factores esenciales. Devolvió a una oligarquía, incapaz de hacer frente a los problemas del Imperio, el control del Estado, pero no logró atajar el problema fundamental: los personalismos y ambiciones individuales de poder. Por ello, no dejaría de pesar nunca sobre la república el peligro de una nueva dictadura militar, que el propio Sila había dado a conocer”3.
Sila realizó su obra en apenas dos años, tras los cuales tomó la sorprendente decisión de deponer su dictadura, a comienzos del 79. Falleció al año siguiente. Su muerte abre un período de treinta años, en los que la república oligárquica se transformó lentamente en una autocracia de carácter militar.

1 Tom Holland, Rubicón, página 107.
2 Cf. Salustio, La conspiración de Catilina, 51.
3 Roldán, Historia de Roma, página 214.

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*Fotografía 1: Supuesto retrato de Lucio Cornelio Sila en la Glyptothek de Munich
*Fotografía 2: El emperador Tiberio como cónsul, en el Museo del Louvre
*Fotografía 3: La ciudad de Roma durante los tiempos de la República. .Grabado de Friedich Polack, 1896

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